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Más sobre el Derecho de Bienes de Dominio Público

Los bienes de dominio público son aquellos cuya titularidad reside en las administraciones del Estado, con carácter nacional, autonómico o local. Están sometidos a un uso público y general de sus espacios y se inspiran, según recoge la Constitución en su artículo 132, en los principios de inalienabilidad (no se pueden vender sus derechos), imprescriptibilidad (sus derechos no se extinguen pasado cierto plazo) e inembargabilidad (no se pueden embargar).

No obstante hay que distinguir, dentro del Patrimonio del Estado, dos tipos diferentes de bienes y derechos. Los de dominio público o demaniales (plazas, caminos, edificios, puertos, minas, fortalezas, obras artísticas vencido el plazo de explotación exclusivo, etc.) y los bienes y derechos patrimoniales, que si bien pertenecen al Estado no tienen ese carácter de uso público (como valores y títulos de acciones en el capital social de alguna sociedad mercantil).

La lista de bienes de dominio público español viene definida por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas y, en todo caso, las zonas marítimas y terrestres, las playas, la parte del mar que corresponde al estado y sus recursos naturales dentro de la zona económica (hasta las 200 millas marinas, la distancia que abarca como máximo la zona económica exclusiva de los estados), y la plataforma continental.

Todos los inmuebles de titularidad de la Administración General del Estado y las administraciones que de ello dependan están dentro de la lista de bienes públicos, y en ellos se pueden alojar servicios, oficinas o dependencias de los órganos del Estado. Estas propiedades se rigen por disposiciones especiales y las normas generales del derecho que afectan al resto de bienes privados solo se aplicarán como derecho supletorio.

¿Qué obligaciones tiene el Estado hacia sus bienes?

La gestión de los bienes de dominio público entraña responsabilidad porque forman parte del patrimonio de España, por lo tanto existen una serie de obligaciones por parte de las Administraciones Públicas hacia ellos. Por un lado deben garantizar su gestión eficiente y económica, y asegurar una rentabilidad en sus explotaciones. Por supuesto se requiere una política de transparencia para informar sobre su uso y, con el fin de optimizar su rendimiento, la Ley contempla la colaboración entre las diferentes Administraciones.

Además el Estado está en la obligación de conservar y mantener su Patrimonio. Aquí caben interpretaciones e incluso recursos contra la administración sobre todo en el mantenimiento de edificaciones históricas descuidadas, o en temas controvertidos como por ejemplo el uso del litoral, que también recoge la correspondiente Ley de Costas, entre otros.

Ante cualquier anomalía detectada en el uso o conservación de los bienes de dominio público, o cualquier daño contra estos, puedes contactar con los abogados de Easyoffer. Cuéntanos tu caso a través del formulario que encontrarás en nuestra web y el equipo de especialistas en derecho administrativo te ofrecerá, de manera gratuita y sin compromiso, hasta tres presupuestos hechos a medida para que puedas defender tus derechos ante la Justicia.

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