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Abogados para contrataciones administrativas

La contratación administrativa se refiere a las relaciones contractuales en las que al menos una de las partes pertenece a la administración pública. El marco legal en el que se encuadran este tipo de contrataciones es la Ley de Contratos del Sector Público publicada en 2011 y modificada en 2013.

El ámbito de aplicación de esta Ley engloba a todas las personalidades jurídicas públicas, que son principalmente las siguientes: Administración General del Estado y las administraciones y entidades autonómicas y locales; entidades gestoras de la Seguridad Social y sus mutuas; los organismos que regulen o controlen un determinado sector; las sociedades mercantiles cuyo capital social sea al menos en un 50 por ciento público, y las fundaciones en esa misma situación; y las universidades públicas.

¿Qué tipo de relaciones contractuales se consideran administrativas?

No todas las relaciones con las administraciones públicas se engloban bajo el epígrafe contratación administrativa. Hay una larga lista de acuerdos entre personas públicas y privadas que no tienen esta consideración, por ejemplo la relación con los funcionarios, la prestación de servicios públicos que requiera el abono de una tarifa por los usuarios, y una serie de convenios y contratos que firman las administraciones. Por lo tanto es importante definir cuáles sí se enmarcan en la Ley de Contratos del Sector Público.

Quizá la categoría más importante, por su frecuencia y trascendencia, sea la de los contratos de obras y concesión de obras públicas. No son los únicos, también entran dentro de la contratación administrativa la gestión de servicios públicos, suministro, servicios, y colaboraciones entre sector público y privado. Cada uno de ellos tiene sus peculiaridades, que podrás conocer e interpretar por medio de un abogado especializado en temas administrativos.

¿Qué son los contratos de obras y concesiones de obras públicas?

Son contratos cuya finalidad es realizar un trabajo de construcción o ingeniería civil, y en algunos casos redactar el proyecto previo, que responda a las necesidades del sector público, que es quien contrata.

En la concesión de obra pública se detalla que la contraprestación que recibirá la empresa privada que desarrolle la obra propuesta por iniciativa pública será o bien el derecho a explotar la obra (con un peaje a los usuarios, por ejemplo), o bien ese derecho sumado al recibir un precio previamente pactado.

Es importante destacar que las obras públicas valoradas en más de 5.225.000 euros están sujetas a una regulación armonizada de las mismas, que busca en esencia permitir el libre acceso de las personas jurídicas a optar a esa concesión.

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