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Abogados para expedientes de concursos

En Derecho Concursal, el concurso de acreedores es el procedimiento legal que se origina cuando una persona física o jurídica se encuentra en una situación de insolvencia en la que no puede hacer frente a la totalidad de los pagos que adeuda. El concurso de acreedores es una vía para resolver las situaciones de insolvencia de las empresas y puede ser voluntario, cuando la presenta el deudor, o necesario, cuando la presenta el acreedor. Se podrá presentar ante la empresa matriz y/o ante el resto de empresas del grupo. La ley obliga a solicitar el concurso antes de dos meses de que la empresa sea insolvente cuando no disponga de los bienes suficientes para atender una ejecución de embargo, ante la existencia de embargos que afecten de manera general a su patrimonio, o en situaciones de impagados durante tres meses de las obligaciones tributarias o de las cuotas a la Seguridad Social. 

El concurso de acreedores tiene dos fases: la evaluación de la situación real del patrimonio de la empresa y el convenio de acreedores o liquidación de la sociedad. La liquidación de la sociedad tiene lugar cuando no es posible llegar a un acuerdo con los acreedores. Desaparecerá la figura del interventor y sus funciones serán asumidas por los administradores concursales (abogado, auditor o economista, y un representante de los acreedores nombrados por el juez).

Si el concurso acaba en la liquidación de la empresa, el juez puede llegar a condenar a los administradores al pago de todas las deudas o de la parte que no quede cubierta con los bienes del concurso. Y si hay declaración de culpabilidad en el concurso, los administradores de la empresa pueden llegar a ser inhabilitados por un periodo de tiempo como administradores de otras empresas o, incluso, ser condenados a penas de prisión.

En caso de que la empresa se declare insolvente o en concurso de acreedores y no pueda hacer frente a las deudas contraídas con los trabajadores, el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), abonará a los trabajadores los salarios con sus pagas extraordinarias que se encuentren pendientes de pago.

Muchas empresas buscan obtener una autorización para suspender o despedir a trabajadores mediante el procedimiento de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) garantizando ciertos derechos para los trabajadores. Se trata de un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial que puede tramitarse por: despido colectivo fundamentado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción; suspensión de la relación laboral por causas de fuerza mayor; suspensión de la relación laboral fundamentada en las mismas causas que si fuera un despido colectivo; o la extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante, es decir, con capacidad suficiente como para contraer obligaciones y realizar actividades que generan responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a terceros.

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