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Abogados para expedientes sancionadores

Los expedientes sancionadores son los procedimientos mediante los cuales las administraciones públicas castigan a las personas físicas o jurídicas por las faltas administrativas cometidas por estos. En ningún caso esas sanciones pueden suponer privación de libertad sino que consistirán en pagos económicos, privación de derechos, o imposición de un deber, con finalidad represiva o de resarcir el daño causado, y siempre basadas en un principio de proporcionalidad respecto al hecho que las ha motivado.

El ciudadano o la empresa cuentan con una serie de garantías y derechos que deben ser respetados en todo momento. En primer lugar el derecho a ser informado debidamente sobre el motivo de la acusación y los hechos que la han motivado. Además la persona tiene derecho a formular alegaciones, para lo que necesita a un abogado especialistas en temas administrativos, y de su lado está la presunción de inocencia que no puede ser violada en ningún momento hasta que la administración pruebe los hechos (a pesar de que los hechos recogidos por los funcionarios, como son la Policía y otras fuerzas de seguridad estatales, tienen valor probatorio).

Por supuesto el proceso sancionador debe contar con todas las garantías legales y cualquier desviación de estas puede ser reclamada y utilizada para invalidar el expediente sancionador. En ese expediente se recogerá toda la información necesaria para resolver el proceso, que contará con dos fases bien definidas: instructora y sancionadora.

Durante la fase instructora el acusado tendrá oportunidad de aportar los datos, documentos y alegaciones que crea oportuna en su defensa, la cual para más garantías deberá ser coordinada con un especialista. Por lo general desde que se recibe la notificación se cuenta con un periodo de 15 días para presentar alegaciones, tras lo cual se abre el proceso sancionador en el que se emitirán las conclusiones del expediente. La Ley recoge que esta tarea debe ser llevada a cabo por un órgano competente diferente al de la fase instructora. Una vez resuelto el expediente cabe interponer recurso.

El procedimiento de sanción administrativa conlleva numerosos aspectos que hay que tener en cuenta. Depende de sobre qué verse la sanción, o el tipo de infracción que la ha motivado, para actuar en una línea o en otra y conseguir así que la resolución sea favorable al acusado. Además se tiene en cuenta el cumplimiento de los plazos y las formas en la tramitación, lo que puede jugar en beneficio del interesado y en detrimento de las administraciones públicas si estas no han cumplido lo establecido en la Ley.

Por todo ello es más que recomendable contar con un abogado especialistas en temas administrativos que pueda encontrar la forma de que salgas airoso de una situación así. Easyoffer pone a tu disposición a un completo equipo de profesionales que estudiarán tu caso y te ofrecerán hasta tres presupuestos de forma gratuita y sin compromiso para que puedas elegir al especialista que necesitas.

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