¿Responsabilidad Patrimonial del Estado por los daños producidos por el Coronavirus?
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Es la pregunta que muchas personas se hacen en estos momentos, porque consideran que la gestión del Gobierno durante la crisis sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19 no ha sido la adecuada. Pues bien, tal y como sostienen los bufetes especializados, es una posibilidad viable. De hecho, la previsión es que próximamente se van a producir un gran número de denuncias contra el Estado por la forma de gestionar la epidemia, con el fin de exigirles una Responsabilidad Patrimonial.
Para conocer en profundidad cuáles son exactamente las expectativas de los expertos, hablamos con Miguel Javaloyes, director del despacho Javaloyes Legal, quien sostiene que se avecina “una auténtica avalancha de reclamaciones”. Ahora los procedimientos judiciales están paralizados, pero en cuanto se retome la normalidad comenzarán a presentarse todas las reclamaciones.
¿Quién puede reclamar al Estado?
La respuesta a esta pregunta es simple: cualquier persona tiene derecho a reclamar, si considera que ha sido víctima de las consecuencias de una mala gestión por parte del Gobierno. En líneas generales, se contemplan principalmente tres casos en los que podría proceder esta denuncia al Estado:
- Fallecimiento de un familiar.
- Padecimiento de secuelas graves tras superar el coronavirus.
- Pérdida económica importante derivada de la crisis sanitaria.
Principales argumentos para denunciar al Estado por mala gestión
Especialmente importante es conocer qué argumentos van a esgrimir los denunciantes para tratar de demostrar la responsabilidad del Gobierno en todo este asunto.
El abogado Miguel Javaloyes prevé que estas líneas de argumentación se centrarán en “tratar de demostrar que las consecuencias sufridas han tenido lugar porque el Estado no ha tomado las decisiones adecuadas en el momento oportuno”. Es decir, lo que se espera es que se interpongan numerosas denuncias por omisión.
En otras palabras: habrá que establecer si el avance del virus y sus efectos personales y económicos podrían haberse minimizado, de haberse tomado otras decisiones diferentes basadas en la información y en los conocimientos de los que se disponía. No hablamos, por lo tanto, de reclamar responsabilidades por la aparición y expansión del virus en nuestro país. Sino por la ausencia de medidas que pudieron tomarse y no se tomaron.
Las distintas vías de reclamación: responsabilidad civil y penal
Hay una cuestión que es importante señalar en relación al procedimiento de reclamación. Y es que no basta con la mera opinión o la intuición para denunciar al Estado por su mala gestión durante la crisis del coronavirus.
Teniendo esto en cuenta, se descartarían dos argumentos más o menos populares que, de momento, no están basados en datos ni en investigaciones epidemiológicas contrastadas.
El primero de ellos es el que defiende que las manifestaciones, partidos de fútbol y otros eventos celebrados días antes de la detección del coronavirus en España contribuyeron a su mayor expansión en los días posteriores. Y el segundo es el que sostiene que, si se hubieran adoptado las mismas medidas en el mismo momento en que otros países vecinos las adoptaron, las consecuencias del coronavirus habrían sido menores.
Más allá de ideas o teorías, se necesitan pruebas, hechos demostrados o demostrables. Una vez asumido esto, los afectados por las Administraciones Públicas podrán escoger entre dos mecanismos de reclamación:
La vía penal
No es un mecanismo inviable a la hora de reclamar, pero sí es bastante complicado. Por una razón: para poder iniciar un procedimiento penal es necesario que exista o se suponga la existencia de un delito. Y, también, que sea una persona la responsable de la comisión de ese delito, y no las Administraciones Públicas o un Comité Científico.
La vía administrativa
Por todo lo anterior, la administrativa se presenta como la forma más viable de reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado. Especialmente, porque no es necesario que se haya cometido ningún delito. Basta con acreditar que ha tenido lugar un funcionamiento anormal en la gestión de la crisis del coronavirus.
Así, se podría, por ejemplo, esgrimir que se tardó demasiado en tomar las siguientes decisiones, cuando había suficientes motivos de peso para hacerlo:
- Aprovisionamiento y acopio de material sanitario.
- Confinamiento de la población.
Para que esto quede efectivamente probado, una posibilidad que contempla Javaloyes es la de “demostrar que la OMS (Organización Mundial de la Salud) alertó al Gobierno, con tiempo y por conductos oficiales, de la gravedad de la pandemia”. O bien que existió un total desacierto en el diagnóstico técnico por parte del comité científico del coronavirus.
Si esto se acredita, se podría reclamar una indemnización por responsabilidad patrimonial. Y, para determinar su cuantía, explica el abogado, “se recurriría al baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico”.
¿Qué consecuencias van a tener estas denuncias al Gobierno?
Si en algo coinciden todos los expertos es en la necesidad de esperar para conocer la deriva de estas reclamaciones judiciales. Entre otras cosas, porque lo más probable es que el Estado se escude en la imprevisibilidad de las circunstancias para defenderse ante el Tribunal Supremo.
En definitiva, y como bien puedes imaginar, estos procedimientos se van a caracterizar sobre todo por su complejidad. Y, como adelanta Javaloyes, por lo “contradictorias que van a ser las primeras sentencias, hasta que finalmente el Tribunal Supremo resuelva la cuestión”.
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