Abogados para expropiaciones en Álava

Aunque el Estado Español reconoce la propiedad privada mediante la Constitución, en el artículo 33 de la misma se contempla la posibilidad de que, por una causa justificada de utilidad pública, una persona pueda ser privada de sus bienes y derechos (lo que se conoce como expropiación) con la correspondiente indemnización y siempre sujeto a las leyes.

El proceso de expropiación forzosa, según el derecho español, es un acto administrativo que solo un ente público puede llevar a cabo y que no requiere el consentimiento de la persona cuyos bienes serán sustraídos, pero sí establece el pago de un precio justo (denominado justiprecio) cuyo importe, si no se está de acuerdo, puede ser recurrido por vía contencioso-administrativa.

Antes de realizarse una expropiación se deben plantear los siguientes aspectos: que la obra a realizar cumpla los requisitos legales y que se derive de ella un interés social, que sea realmente necesario expropiar los bienes a evaluar, y que la descripción de ese bien haya sido correctamente realizada.

¿Qué derechos y obligaciones tiene el expropiado?

Entre los derechos que protegen a la persona expropiada está el de que se valoren sus bienes de acuerdo a la justicia dentro de un plazo máximo de seis meses desde el requerimiento de ocupación, el que se le abone el justiprecio en un plazo también de seis meses desde la fecha acordada (y si no se cumpliese esa fecha, la administración tendrá que cargar con unos intereses a cobrar por el afectado) y también tiene derecho a que si transcurren más de dos años, desde la valoración del bien hasta el abono del justiprecio pueda solicitar una nueva tasación. No obstante, si finalmente el bien expropiado no se haya dedicado al uso previsto, el interesado podrá solicitar una reversión del proceso.

Por su parte el expropiado también tiene una serie de obligaciones legales que debe cumplir. La primera de ellas es permitir el acceso de los representantes de la administración a su propiedad para trazar los planes de obra necesarios. Además debe facilitar los datos que le sean requeridos, remitir la hoja de aprecio al organismo que realice la expropiación y permitir la ocupación de su bien.

En el caso de una expropiación forzosa la persona afectada tiene el perfecto derecho de interponer recursos ante los juzgados cuando considere que no es válida la declaración de utilidad pública de la obra, que no es necesaria la expropiación de sus propiedades para llevarla a cabo o que la tasación hecha por la administración no se ajusta al precio real.

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