Abogados para delitos en A Coruña

Los delitos son acciones y omisiones dolosas (engañosas o fraudulentas) o imprudentes que están castigadas por la Ley, y solo se sancionarán cuando expresamente lo señale el ordenamiento español. Existe una escala proporcional, es decir, que la dureza de la pena está relacionada con la gravedad de los hechos. Además hay que señalar que son punibles no solo los delitos consumados sino también el intento de cometerlos aunque no se finalicen.

En cuanto a los delitos por omisión, el Código Penal considera que esta se produce cuando expresamente exista una obligación legal o contractual de intervenir en un hecho, o en los supuestos en los que la propia persona que omite su obligación es la que ha creado previamente una situación de riesgo para el bien jurídicamente protegido. Dentro de esta categoría existen varios tipos de delitos por omisión con sus respectivas características y condiciones, aunque por lo general responden a un principio de solidaridad y también a relaciones firmadas en un contrato que no se cumplan por una de las partes. Un claro ejemplo de esto es el delito de omisión de socoro, al no atender a una persona en peligro manifiesto siempre que eso no entrañe riesgo propio.

¿Qué se considera tentativa de delito?

Como hemos apuntado al principio, el Código Penal reserva penas para aquellas personas que, sin llegar a completarla, sí hayan planteado el cometer alguna infracción, o hayan llevado a la práctica alguna parte de ese delito pero por causas ajenas al infractor este no se hubiera producido. Quedarán exentos de responsabilidad penal quienes eviten voluntariamente participar en un delito planteado, o quienes intenten con decisión impedir la consumación del mismo, situación que se puede dar en casos de arrepentimiento o de dudas.

Conspiración, proposición y provocación ante un delito

Además el Código Penal señala dos motivos que pueden ser agravantes del hecho delictivo. Uno de ellos es la conspiración, cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para cometer una infracción penal. También aparece la figura de la proposición, que es cuando una persona decidida a cometer un delito invita a otras a participar en su plan.

Por último se contempla el modelo del provocador, que incluye los casos de apología. Se refiere a aquellas personas que incitan por diversos medios a que otras cometan delitos, y esta conducta será castigada en los casos que recoge la Ley.

Delitos Patrimoniales

Los delitos patrimoniales, engloban una lista de infracciones que se castigan en pro de defender la inviolabilidad de las propiedades, tanto bienes como derechos. Su objetivo es organizar el comportamiento de la sociedad en torno a una serie de normas básicas para asegurar la convivencia, y comprende por tanto delitos como el hurto, estafas, daños a los consumidores o contra la propiedad intelectual, y un largo etcétera de circunstancias.

Todos estos delitos con implicaciones penales conllevan castigos que suponen la privación de libertad de quien los comete y están recogidos en el título XIII del Código Penal publicado en 1995, aunque con modificaciones que han adaptado la normativa a los tiempos actuales. Para conocer cada caso es necesario contactar con un abogado especializados en derecho penal que pueda asesorarte y representarte ante la justicia, para intentar además agravar o atenuar la pena y la indemnización que corresponda.

En la lista de delitos patrimoniales se incluyen: robo y hurto (de bienes muebles, con un capítulo especial para los vehículos), extorsión, usurpación, fraudes (incluyen estafa, apropiación indebida, fraude de electricidad, gas, agua...), insolvencias punibles, alteración de precios en subastas públicas, daños en la propiedad ajena, delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, delitos relativos al mercado y sus consumidores, corrupción entre particulares, sustracción o destrucción de coas de utilidad social, delitos societarios y blanqueo de capitales.

Delitos Económicos

Los delitos económicos aparecen englobados en el Código Penal dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico y se refieren a aquellas infracciones referentes a la gestión de dinero y otros bienes. Como ejemplos pueden destacar el fraude, la ciberdelincuencia, la corrupción, las insolvencias punibles o los robos de activos, entre otros.

Delitos contra la Hacienda Pública

Bajo el paraguas de los delitos contra la Hacienda pública se recogen todas las formas de defraudar por acción y omisión al fisco estatal, regional o municipal (e incluso a nivel de la Unión Europea). Eludir el pago de tributos, obtener indebidamente devoluciones o disfrutar de beneficios fiscales de manera irregular son algunas de las actitudes que van contra la ley y que conllevan penas de cárcel, multas que pueden sextuplicar la cuantía a deber, y la pérdida de derecho a obtener subvenciones y beneficiarse de descuentos en la Seguridad Social.

Cuando las cantidades defraudadas superen los 120.000 euros se incurrirá en delito penal, y es precisamente el volumen de lo defraudado lo que diferencia una responsabilidad administrativa de una penal. Además, todas aquellas personas que estén obligadas a tributar pueden ser sujetos activos de este delito, así como sus representantes.

Los casos de delitos contra la Hacienda pública son realmente complejos y llenos de matices por lo que la defensa de un abogado fiscal se antoja imprescindible. Tanto el cómo y el cuándo se intente satisfacer la deuda y sus plazos importan porque puede significar una rebaja sustancial de la pena o, por el contrario, agravar la situación.

A esas vicisitudes habría que añadir posibles agravantes como son el cometer la infracción en el seno de un grupo criminal o dificultar la investigación a través de empresas ficticias o paraísos fiscales; son algunos de los ejemplos que señala la Ley Orgánica reguladora y que ejemplifica las muchas versiones que pueden tener unos casos así.

Además, eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social por valor de 50.000 euros supone también pena de cárcel según recoge la Ley siguiendo un procedimiento similar en plazos al del fraude a la Hacienda pública.

Existe otro tipo de fraude, el que deriva del reparto de las subvenciones públicas por parte de las administraciones. La Ley indica que aquel que se beneficie ilícitamente de estas ayudas, falseando las condiciones de acceso a la misma o destinando el dinero a otra actividad que no sea objeto de la subvención, incurrirá en delito.

Otra forma de defraudar a la Hacienda pública es obviando la obligación de la ley tributaria de llevar la contabilidad de la empresa y los libros fiscales, falsear estos datos con anotaciones ficticias o maquillar las cifras para ocultar la mala situación de una compañía.

Delitos contra la Seguridad Vial

Los delitos contra la seguridad vial son aquellas infracciones que se cometen cuando se maneja un vehículo a motor o ciclomotor, y que según su gravedad pueden suponer sanciones económicas, trabajos en beneficio de la comunidad, privación de derechos, o penas de prisión desde unos meses hasta varios años.

En el Código Penal están tipificadas como delito varias conductas. Algunas como superar la velocidad establecida por Ley en cada tipo de vía conllevan hasta condena de cárcel por seis meses, mientras una conducción temeraria que ponga en peligro la vida de las personas puede ser castigada con prisión por dos años. En cualquier caso todas las sanciones recogidas implican la pérdida del carné de conducir por un tiempo que varía según los hechos.

Entre los delitos contra la seguridad vial más comunes están: exceso de velocidad, consumo de bebidas alcohólicas y/o estupefacientes, conducción temeraria, conducción sin carné y riesgo para la circulación.

Delitos contra las Personas

Los delitos contra las personas son todos aquellos actos encaminados a herir o producir algún tipo de daño a las personas físicas. Aunque hay varios tipos dentro de estas infracciones mayoritariamente conllevan penas de prisión que variarán según matices en la interpretación del dolo o de la gravedad de los hechos.

Entre las clases de delitos contra las personas tipificadas en el Código Penal podemos encontrar el homicidio, con todas sus diferenciaciones, el aborto, las lesiones, la colaboración en casos de suicidio, el genocidio y la manipulación genética para fines distintos a la cura de una enfermedad grave.

Matar a otra persona se considera homicidio y está penado con prisión de 10 a 15 años. Esta es la forma simplificada ya que luego entran a valorarse las circunstancias que rodean a esa muerte pudiendo sumar agravantes o atenuantes a la condena. Cuando en la muerte de esa persona haya mediado alevosía, ensañamiento o una recompensa, se considerará asesinato y la pena se endurecerá hasta un máximo de 25 años.

No obstante, a partir de la reforma de 2015 entró en vigor la figura de prisión permanente revisable en aquellos casos en los que la víctima sea especialmente vulnerable, que se cometa el asesinato contra la libertad sexual de la víctima o que el culpable pertenezca a una organización criminal. Además, si el condenado es juzgado por matar a dos o más personas también se deberá ajustar a este tipo de castigo.

Dentro del homicidio también se incluyen los casos en los que de forma involuntaria una persona acabó con la vida de otra como consecuencia de una actitud irresponsable. Se castigan con penas de cárcel de hasta cuatro años, según el grado de imprudencia, y además solo será perseguido mediante denuncia de la persona agraviada o su representante legal.

En los delitos de lesiones se engloban todos aquellos en los que una persona cause daño a otra a través de una agresión física o mental, o que simplemente golpee o ataque a otro aunque no haya una lesión. Dentro de este tipo de delitos caben muchas consideraciones según cómo se produzca ese maltrato, las condiciones de la víctima y el agresor, y el daño que infrinja. Es por eso que las penas de prisión pueden varias desde algunos meses hasta más de una década.

Los daños producidos a un feto a través de cualquier procedimiento entrañan además de penas de prisión, inhabilitación para el profesional sanitario cuya asistencia los haya provocado. De igual modo habrá pena en los casos en los que voluntariamente se practique un aborto fuera de los plazos que establece la Ley, y por supuesto en todos aquellos en los que se produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento.

Delitos contra la Salud Pública

Los delitos contra la salud pública se regulan para proteger de peligros que pongan en juego la vida o salud de la sociedad y se agrupan en dos grupos: delitos relacionados con el comercio, y delitos relacionados con drogas, sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes.

En cuanto a los delitos contra la salud pública relacionados con el comercio, el código penal regula aquellas actividades de compraventa de sustancias nocivas para la salud y sustancias químicas, incluyendo aquellas que puedan ser legales pero se requiera de un permiso o licencia especial para hacerlo. Algunas de las materias objeto de regulación en este epígrafe son los medicamentos, alimentos, bebidas o animales destinados al consumo humano. Mención especial merece también el envenenamiento o adulteración de aguas u otras sustancias destinadas al consumo público.

El otro gran grupo de delitos contra la salud pública incluye a las drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas y/o estupefacientes; regulando su cultivo, elaboración, tráfico, posesión con alguno de estos fines, o cualquier otra situación que promueva, favorezca o facilite su consumo. Estos delitos incluyen prisión de 3 a 6 años, y cuenta con posibles agravantes como la pertenencia a banda delictiva, venta a menores de edad o la manipulación de dichas sustancias aumentando el posible daño para la salud.

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