Abogados para concursos de acreedores en Asturias

El concurso de acreedores se trata de un procedimiento judicial ideado como solución para los casos de insolvencia. Cuando una empresa o persona suma una cantidad de deuda a la que no puede hacer frente, puede solicitar entrar en situación concursal como tabla de salvación a través de una renegociación de la deuda y de una optimización de los recursos que permitan seguir generando actividad, aunque en la mayoría de casos este procedimiento conduce a la liquidación de la compañía y su posterior disolución.

Para salvar esta situación y lograr dar viabilidad al proyecto es importante contar con el apoyo de un abogado concursal, el profesional que conoce los detalles y las leyes necesarias para reconducir cada caso hacia el éxito.

El punto de partida de un concurso de acreedores es una situación de insolvencia o de suspensión de pagos debidamente justificado, actual o en un futuro próximo irremediable. El concurso puede venir porque el deudor lo solicita voluntariamente o por la petición de alguno de los acreedores, lo que se denomina concurso forzoso. En cualquier caso será un administrador concursal el que a partir de ese momento toma las riendas: se paran las ejecuciones pendientes (embargos contra sus bienes por ejemplo), se impide malvender el patrimonio, se suspenden los intereses generados por préstamos y abre la posibilidad a encontrar un convenio con los acreedores a través del Juzgado de lo Mercantil (el cual tiene como requisito indispensable la compañía de abogado y procurador). Así mismo, si lo solicita alguno de los acreedores, este puede ganar el privilegio del cobro antes que el resto de acreedores e incluso, en determinados casos, podría acceder a los bienes personales de los administradores para cobrar su deuda.

El concurso se publicará en el Boletín Oficial y se inscribirá en el Registro Mercantil, y a partir de ahí el administrador tiene un plazo ampliable de dos meses para inventariar y analizar la contabilidad para posteriormente plasmarlo en un informe que se remite al juez y que se podría impugnar.

Por lo tanto, la situación de concurso de acreedores realmente puede ser beneficiaria para ambas partes, ya que hay que recordar que no implica necesariamente el cierre de la compañía. Además este procedimiento no está reservado solo para empresas, ya que aunque es menos frecuente y en muchos casos no tiene demasiado recorrido, un particular también puede solicitarlo con el fin de paralizar el embargo de nóminas o aplazar el pago de sus deudas. Las administraciones públicas, por su parte, no pueden entrar en concurso.

¿Culpable o fortuito?

Esta es una pregunta importante y por eso es indispensable contar con un abogado especialista. Si el administrador concursal considera que hay dolo (culpabilidad o voluntad maliciosa) por parte del deudor al conducir con su mala gestión intencionada a la situación de quiebra, eso acarearía consecuencias para los administradores de la empresa, aunque lo habitual es la declaración de concurso fortuito, sin culpa para los responsables.

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