Abogados para concursos de acreedores en Asturias

El concurso de acreedores se trata de un procedimiento judicial ideado como solución para los casos de insolvencia. Cuando una empresa suma una cantidad de deuda a la que no puede hacer frente, puede solicitar entrar en situación concursal como tabla de salvación a través de una renegociación de la deuda y de una optimización de los recursos que permitan seguir generando actividad, aunque en la mayoría de casos este procedimiento conduce a la liquidación de la compañía y su posterior disolución.

Para salvar esta situación y lograr dar viabilidad al proyecto es importante contar con el apoyo de un abogado concursal, el profesional que conoce los detalles y las leyes necesarias para reconducir cada caso hacia el éxito.

El punto de partida de un concurso de acreedores es una situación de insolvencia o de suspensión de pagos debidamente justificado, actual o en un futuro próximo irremediable. El concurso puede venir porque el deudor lo solicita voluntariamente o por la petición de alguno de los acreedores, lo que se denomina concurso forzoso. En cualquier caso será un administrador concursal el que a partir de ese momento tome las riendas: se paran las ejecuciones pendientes (embargos contra sus bienes por ejemplo), se impide malvender el patrimonio, se suspenden los intereses generados por préstamos y abre la posibilidad a encontrar un convenio con los acreedores a través del Juzgado de lo Mercantil (el cual tiene como requisito indispensable la compañía de abogado y procurador). Así mismo, si lo solicita alguno de los acreedores, este puede ganar el privilegio del cobro antes que el resto de acreedores e incluso, en determinados casos, podría acceder a los bienes personales de los administradores para cobrar su deuda.

El concurso se publicará en el Boletín Oficial y se inscribirá en el Registro Mercantil, y a partir de ahí el administrador tiene un plazo ampliable de dos meses para inventariar y analizar la contabilidad para posteriormente plasmarlo en un informe que se remite al juez y que se podría impugnar.

Por lo tanto, la situación de concurso de acreedores realmente puede ser beneficiaria para ambas partes, ya que hay que recordar que no implica necesariamente el cierre de la compañía. Además este procedimiento no está reservado solo para empresas, ya que aunque es menos frecuente y en muchos casos no tiene demasiado recorrido, un particular también puede solicitarlo con el fin de paralizar el embargo de nóminas o aplazar el pago de sus deudas. Las administraciones públicas, por su parte, no pueden entrar en concurso.

¿Culpable o fortuito?

Esta es una pregunta importante y por eso es indispensable contar con un abogado especialista. Si el administrador concursal considera que hay dolo (culpabilidad o voluntad maliciosa) por parte del deudor al conducir con su mala gestión intencionada a la situación de quiebra, eso acarearía consecuencias para los administradores de la empresa, aunque lo habitual es la declaración de concurso fortuito, sin culpa para los responsables.

El concurso de acreedores voluntario

El concurso de acreedores voluntario se trata de un procedimiento judicial en el que el deudor pide por voluntad propia que se inicien los trámites para tratar de solucionar su situación de insolvencia actual o futura. Esto quiere decir que tiene que haber una justificación sólida y argumentada para poder solicitar el concurso.

El administrador de una empresa que considee que la mejor forma para salvar su compañía al tiempo que cumple con sus acreedores es tutelarse bajo este proceso en el que, durante el tiempo que dure, va a contar con una serie de ventajas que le pueden permitir seguir adelante con su actividad mientras reduce su deuda.

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Entre las ventajas de adherirse voluntariamente a un concurso están la paralización de las demandas interpuestas por acreedores, evitar el embargo de bienes, congelar el pago de créditos y los intereses de las deudas, y alcanzar un acuerdo con los acreedores con una quita de la deuda y un calendario de plazos ventajoso. Todo ello además sin perder poder dentro de la compañía, ya que al tratarse de una decisión voluntaria los gestores de la sociedad continuarán decidiendo sobre las vías de actuación, aunque un juez o el administrador concursal tienen derecho a veto.

La solicitud de concurso se presenta ante el Juzgado de lo Mercantil de la provincia donde tenga la sede la empresa y se inscribe en el Registro, además de publicarse en los Boletines Oficiales. Este primer trámite exige la presencia de un abogado y procurador.

A partir de ahí un administrador concursal se encargará de inventariar el patrimonio de la empresa y optimizar los recursos para conseguir el fin que persigue: reestructurar la empresa para acabar con la deuda pero sin llegar a la liquidación. En un plazo prorrogable de dos meses el administrador presentará su informe que remitirá al juez, quien debe decidir también si los propietarios de la empresa son culpables de la situación de insolvencia a causa de una mala gestión intencionada, o si por el contrario esa imposibilidad de hacer frente a los pagos ha sido motivada por una causa fortuita o no maliciosa.

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