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Más información sobre Ley de Segunda Oportunidad

Al igual que una persona jurídica –una empresa- puede declararse en concurso de acreedores cuando las deudas las asfixie, a partir de 2015 las personas físicas y los autónomos pueden acogerse a la denominada ‘Ley de Segunda Oportunidad’ para intentar enderezar el rumbo torcido.

El preámbulo de la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, define bastante bien el espíritu de esta norma: “que una persona física, a pesar de un fracaso empresarial o personal, tenga la posibilidad de encarrilar nuevamente su vida”. En teoría esto es lo que busca, aunque en la práctica hay muchas consideraciones que es recomendable saber.

La novedad de este texto es que incluye a las personas físicas en un mecanismo que, hasta entonces, estaba reservado para los negocios. Se trata de facilitar un vehículo para exonerar las deudas personales, a las que estos individuos tienen que hacer frente con su propio patrimonio y una responsabilidad sin límites (a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de pymes y grandes empresas, bajo las figuras de Sociedades Limitadas o Sociedades Anónimas, que limitan la responsabilidad del administrador al patrimonio de la compañía).

¿Cómo acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad?

Lo primero que tiene que existir, obviamente, es una situación en la que la persona física no pueda hacer frente a sus deudas. O lo que es lo mismo, que con la venta de sus activos no sea capaz de cubrir sus pasivos. Y no en un momento puntual, sino visto en una perspectiva a medio plazo.

Después de eso el deudor tiene que buscar una salida extrajudicial a su insolvencia. Canalizado por un juez, y con el apoyo de un mediador concursal, se trata de intentar negociar con los acreedores un calendario de pagos, no superior a 10 años, y una quita de la deuda para intentar hacer posible los pagos.

Si con la negociación no fuese suficiente, el siguiente paso sería la declaración de concurso de acreedores voluntario con lo que se abre un proceso más largo y complejo. En este punto el juez puede determinar la exoneración de la deuda cuando vea que el afectado efectivamente no puede pagar y, además, ha obrado de buena fe. Este es uno de los conceptos polémicos ya que se exige al emprendedor que, en los diez años anteriores, no se haya acogido en ninguna ocasión a esta medida; que no haya sido condenado por delitos contra el patrimonio o Hacienda; e incluso algo tan abstracto como que no haya rechazado ofertas de trabajo adecuadas a su cualificación. Por supuesto, la buena fe queda tumbada si el juez considera que el afectado ha provocado la situación de insolvencia.

¿Qué problemas presenta la Ley?

A pesar de ser presentada como una oportunidad, los especialistas han detectado puntos negros en esta Ley. Uno de ellos es que no todas las deudas son exoneradas: las contraídas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria estarán presentes en todo momento. Y, generalmente, son de las más cuantiosas en este tipo de proceso. Por lo que una persona física se seguirá viendo atrapada si debe dinero a estas Administraciones.

Otro punto negativo es que esa persona, aunque se libre –temporalmente- de deudas con proveedores y bancos, aparecerá en la ‘lista de morosos’, abierta a todos para su consulta. Y, además, esas deudas no desaparecen de por vida sino que cualquier acreedor podrá, si entiende que el deudor obra de mala fe (por ejemplo, manteniendo una caja B o dinero en negro) solicitar al juez la reapertura del expediente, en un plazo ilimitado de tiempo.

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