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Abogados de responsabilidades patrimoniales

La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas supone la obligatoriedad de estas a resarcir cualquier daño producido por acción u omisión en el patrimonio personal de un ciudadano. La Constitución Española, en su artículo 106, recoge que los particulares tendrán derecho a una indemnización por las lesiones que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo por fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.

Existen multitud de ocasiones en las que un mal servicio de la administración pública puede ser lesivo para las personas físicas. Por ejemplo que unas obras llevadas a cabo por algún organismo del estado produzcan daños en tu domicilio, que el diagnóstico erróneo de un médico de la seguridad social te cause perjuicio, o que el mal estado de una carretera produzca un accidente.

Los mencionados son solo algunos de los casos que pueden suceder, y ante los cuales es necesario contar con un abogado especialistas en temas administrativos para estudiar cómo recibir una indemnización digna. El Estado y las administraciones que de él dependen deberán hacer frente a esas situaciones según establezca la Ley aunque, en todo caso, el daño debe ser efectivo y evaluable económicamente.

¿Cómo reclamar esas indemnizaciones?

El proceso de responsabilidad patrimonial puede iniciarse de oficio o por iniciativa del interesado. En la reclamación del afectado este debe especificar, adjuntando la documentación que estime oportuna, las causas de las lesiones, la supuesta relación causa-efecto entre esas y el funcionamiento de la administración, la evaluación económica, y el momento en el que se produjo el daño.

Se abrirán actos de instrucción y durante ese periodo, a propuesta del instructor, se podrá alcanzar un acuerdo indemnizatorio entre las partes. Si no sucediese esto el proceso seguiría su curso natural a través de un procedimiento de audiencia, en el que se podrán solicitar más informes (emitidos en un plazo entre 10 días y un mes), y se emitirá un dictamen en un plazo máximo de dos meses. En esa resolución, contra la que cabe recurso, se decidirá si efectivamente la actuación de la administración tuvo algo que ver en el daño que se reclama.

Hay que dejar claro que el derecho a reclamar la indemnización prescribe al cabo de un año desde que se haya producido el hecho que motive el daño a reclamar.

Easyoffer cuenta con los abogados especialistas en derecho administrativo que necesitas. Reclamar contra la administración pública es una tarea que requiere paciencia y conocimiento, pero que va implícita en el derecho de cada ciudadano a reclamar lo que es justo. Cuéntanos tu caso a través del formulario que encontrarás en nuestra web y un equipo de profesionales elaborará hasta tres presupuestos a medida, de forma gratuita y sin compromiso, para que puedas elegir a tu abogado de confianza.

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