Abogados de divorcios en Granada

Divorcio es la disolución del vínculo del matrimonio, legalmente establecido, mediante la dictación por autoridad judicial de sentencia dentro de un proceso en apoyo a las causales señaladas por la ley. Para poner fin al matrimonio, existen en la actualidad toda una serie de condicionantes y de variables que pueden acabar en el siempre deseable divorcio amistoso, o en una disputa que finalizará en un juicio.

Tanto si el divorcio es de mutuo acuerdo como si el divorcio es contencioso, siempre es necesario tener a nuestro lado a un abogado matrimonialista especializado en Derecho de Familia que cuente con gran experiencia para que cuentes con el mejor asesoramiento en tu proceso de divorcio en Granada.

En este momento, en España basta con que uno de los cónyuges no quiera seguir adelante con su matrimonio para que se inicie el proceso. De hecho, y a diferencia de otros tiempos, ni siquiera hace falta presentar una causa para la separación o para el divorcio. En cambio, sí que es necesario que hayan pasado al menos tres meses desde que se constituyó el matrimonio, con la excepción de los casos en los que se acredite algún riesgo para la vida, la integridad física, la libertad moral o sexual de la persona demandante, o de sus hijos.

¿Cuánto cuesta un divorcio en Granada ?

Una de las grandes preguntas que se realizan todos los cónyuges cuando están a punto de iniciar los trámites es cuánto cuesta un divorcio. Y la respuesta no puede ser más abierta, ya que tanto el coste como la duración de los trámites dependerán de si el divorcio es de mutuo acuerdo, o si ante las divergencias surgidas en la pareja es un divorcio contencioso.

En el caso de un divorcio de mutuo acuerdo, la pareja puede compartir tanto al abogado como al procurador, simplificando de esta manera tanto los trámites como el coste del proceso, ya que en los casos de mutuo acuerdo se está exento de pagar las tasas judiciales, mientras que en el divorcio contencioso existen unas tasas mínimas. Respecto al tiempo, un divorcio de mutuo acuerdo en Granada puede resolverse en el plazo de uno a tres meses. En cambio, un divorcio contencioso en Granada puede durar de media entre cinco y nueve meses.

Divorcio de mutuo acuerdo en Granada

En el caso de que los cónyuges lleguen a un entendimiento y decidan divorciarse de mutuo acuerdo, necesitarán un abogado para redactar un convenio regulador de divorcio que establecerá las bases de su futura relación al margen del matrimonio.

En este convenio regulador de divorcio deben contemplarse puntos como la liquidación del régimen económico matrimonial, la atribución de la vivienda familiar, o temas como la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, o la pensión alimenticia, en caso de que la pareja tenga hijos.

Tras presentar el convenio en el juzgado más cercano al último domicilio en el que ha residido la pareja, se fijará un día para que los cónyuges acudan a ratificar el convenio. A esta cita en el juzgado es importante que acudan las dos partes, ya que si uno de los dos cónyuges no acude se entenderá que no está de acuerdo en los términos del convenio regulador y el proceso de divorcio de mutuo acuerdo será archivado.

Una vez que el convenio ha sido ratificado, el Ministerior Fiscal comprobará en el caso de que haya menores de por medio que estos no sufren daño ni perjuicio por los acuerdos a los que han llegado los progenitores. Tras este último paso, en un breve lapso de tiempo los cónyuges recibirán la sentencia en la que se informa de la disolución del matrimonio y en la que se aprueba el convenio regulador.

Divorcio contencioso en Granada

Un divorcio contencioso es el tipo de divorcio en el que los miembros de la pareja no han podido ponerse de acuerdo en los términos en los que realizar el divorcio, y por ello deciden acudir al juzgado acompañados de un abogado y de un procurador para que sea la Justicia la que decida.

En la demanda de divorcio contencioso, presentada por uno de los cónyuges, el demandante no tendrá que justificar las razones por las que quiere iniciar los trámites de divorcio, pero sí que tendrá que especificar cuáles son sus peticiones respecto a los bienes comunes, o cómo quiere que se regulen las relaciones con los hijos si los hubiera tras la finalización del proceso de divorcio.

De esta manera, en la demanda de divorcio contencioso se solicitará el final del matrimonio, así como otras medidas como el uso de la vivienda común o el reparto de los bienes. En el caso de que el divorcio contencioso sea con hijos, en esta demanda también tendrá que señalarse la asignación de la patria potestad, la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas del otro progenitor, o la pensión alimenticia con la que cubrir los gastos de educación, sanidad, alimentos o ropa de los hijos.

Tras presentarse la demanda ante el juzgado más cercano al último domicilio en el que ha residido la familia, esta será admitida a trámite y tendrá que ser enviada al demandado para que conozca las peticiones realizadas por el demandante y pueda contestarlas en el plazo de 20 días hábiles. En esta respuesta, y aconsejado por su abogado, el demandado deberá señalar en qué puntos de la demanda está de acuerdo, si es que está de acuerdo en alguno, y qué es lo que pide a su vez.

Tras la respuesta del demandado, el juzgado enviará el documento al demandante para que tenga toda la información, y entonces, se fijará la fecha de celebración del juicio de divorcio contencioso. Durante el juicio, ambas partes defenderán sus posicionamientos y aportarán las pruebas para tratar de convencer al juez de que tienen la razón de su lado.

Divorcio express en Granada

Este último tipo de divorcio es aquel en el que la demanda se presenta por parte de uno de los cónyuges, con el consentimiento del otro, o de forma conjunta por ambos cónyuges, siendo la forma más barata y rápida de divorciarse en la actualidad. De forma previa a la presentación de la demanda de divorcio, la hasta ahora todavía pareja habrá tenido que llegar a un acuerdo previo a la redacción por parte de un abogado matrimonialista de un Convenio Regulador de dicho acuerdo, que junto a otras cláusulas, se presentara posteriormente en el juzgado.

En los casos en los que la pareja no tenga hijos, este procedimiento es todavía más rápido y sencillo si cabe. En cambio, cuando se trata de un divorcio express con hijos, el Ministerio Fiscal deberá dar su visto bueno al acuerdo.

Tras ser redactada, firmada y verificada tanto la demanda de divorcio como el Convenio Regulador, el procurador presentará dichos documentos ante el juzgado. Una vez aceptada la demanda, los cónyuges deberán presentarse en el juzgado el día señalado para que en que se dicte la sentencia de divorcio y se ratifiquen los acuerdos recogidos en el Convenio Regulador, de manera que en el plazo aproximado de un par de meses el divorcio podrá ser una realidad.

¿Cómo afecta tener hijos en un proceso de divorcio?

En los casos de un divorcio sin hijos, los trámites también son más rápidos. Pero en el caso de divorcio con hijos, es necesario firmar un convenio regulador, un contrato que tiene por objetivo regular las condiciones de un divorcio o una separación, y que necesita de aprobación judicial debido a su naturaleza. En este convenio, redactado por los abogados, se fijará la guarda y custodia de los menores, el régimen de visitas, así como la pensión alimenticia, el reparto de los bienes o la atribución del uso de la vivienda familiar, siempre pensando en la defensa del menor.

Divorcio con bienes gananciales

Una demanda de divorcio que supone la disolución del matrimonio lleva aparejada la consecuente ruptura de la sociedad que habían formado los cónyuges. En el caso de que al inicio de la unión familiar se estableciera un modelo de bienes gananciales, lo que significa poner en común las rentas y el patrimonio obtenido por cualquier miembro de la pareja durante los años de matrimonio, tras el divorcio es el turno de dividir para su reparto esos bienes y derechos.

No es fácil llegar a un acuerdo pleno y a un reparto equitativo, y todo depende del sentido común entre las partes y del resentimiento o no que haya tras el divorcio para hacer que este trámite sea ágil y satisfactorio para ambos ex cónyuges.

Con un régimen de bienes gananciales, en principio el patrimonio de cada persona antes de contraer matrimonio le seguirá perteneciendo en exclusiva a ese individuo a pesar de estar en bienes gananciales. Así mismo, por ejemplo una herencia recibida, aunque sea durante los años de casados, se considera patrimonio personal privativo y estaría clara su limitación. Los problemas surgen cuando esos bienes personales originan unas rentas que ya sí se considerarán dentro de los bienes gananciales y por lo tanto entrarían en el reparto.

En primer lugar, ante una demanda de divorcio, hay que tasar todos los bienes que tenga la sociedad ganancial para poder hacer un reparto equitativo de los mismos, atendiendo además las cargas familiares como puede ser la custodia de hijos. Viviendas, vehículos, derechos, electrodomésticos, mobiliario... todos los bienes comunes deben ser tasados, y por lo general cada parte deberá acudir a fuentes distintas para encontrar un precio justo y poder contrastarlo. Por supuesto, también las deudas se reparten entre las partes.

Divorcio con separación de bienes

La separación de bienes es un régimen matrimonial que consiste en que cada cónyuge posee a título individual y privativo su patrimonio sin ponerlo en común con la otra persona. Esto afecta por supuesto a los bienes y derechos que se obtuvieron de soltero como a los que se ganan durante los años de casados.

En esencia, la separación de bienes significa que lo que cada uno adquiere con su dinero, es suyo. En los casos de divorcio y disolución de la sociedad marital este modelo facilita mucho la labor de reparto de bienes y derechos ya que cada cual mantendrá sus propiedades, aunque para ello a lo largo de los años de unión se deberá dejar claro qué cosas se compran con el dinero de cada cual.

Llegado el momento, solo en el caso de las propiedades adquiridas en común tocará tasarlas y valorar su reparto. En estas circunstancias la problemática puede surgir cuando las dos partes reclamen como suyo el mismo bien; en ese caso cada cual tendrá que demostrar, aportando las pruebas necesarias, que lo que reclama se compró con su dinero. Si ninguno consigue probarlo el bien o derecho en cuestión pasará a considerarse como común y entrará dentro del reparto.

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